El Pleno de la Corporación ha aprobado por unanimidad la adhesión la adhesión del Ayuntamiento de Los Barrios al Fondo Social de Viviendas creado entre varios ministerios del Gobierno central, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 33 entidades financieras. Una decisión que también fue aprobada el pasado 26 de marzo en la Junta de Gobierno Local.

Todos los grupos políticos aprobaron esta propuesta que presentó el Equipo de Gobierno a través de la delegación de Asuntos Sociales. Un fondo que tendrá como finalidad la puesta a disposición de viviendas propiedad de las entidades de crédito para su alquiler, en una cantidad mínima de 150 euros y máxima de 400 euros al mes. Las viviendas serán ofrecidas a personas desalojadas de su vivienda habitual que cumplan las condiciones establecidas en el convenio. El fondo fue creado el pasado enero dentro de las medidas estatales para mitigar los efectos de los desahucios.

Las solicitudes deben dirigirse a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desahucio de la vivienda habitual. Estas entidades valorarán las solicitudes para priorizar aquellas que presenten una mayor necesidad o riesgo social. Para realizar esta valoración, las entidades bancarias deberán solicitar información a los servicios sociales, en este caso a los del Ayuntamiento de Los Barrios.

Los solicitantes de este grupo de viviendas deberán cumplir una serie de requisitos, como que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario iniciada por la misma entidad de crédito que forme parte del fondo social (una de las 33). Además, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y ninguno de sus miembros podrá disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo.

También el Pleno rechazó la propuesta presentada por el Partido Socialista en la que solicitaba la retirada, por parte del Gobierno de España, del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La portavoz del PSOE, Estefanía Ruiz, defendió en su intervención que la propuesta socialista busca “un reconocimiento expreso de la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía». Ruiz pidió abrir un proceso de negociación entre todos los partidos y llegar a un consenso.

Por su parte, el portavoz del PP, David Gil, defendió que la nueva reforma local tiene entre sus objetivos, “hacer una administración más productiva, a través de esta reforma, el Gobierno central aspira a ahorrar unos 7.000 millones de euros con medidas como la supresión de algunas mancomunidades, la fijación de costes estándar para los servicios que prestan los ayuntamientos, la desaparición de empresas públicas que no rindan cuentas o sean deficitarias y la rebaja del número de concejales con sueldo, entre algunos aspectos”, apuntó el concejal popular.

Por su parte, el alcalde Jorge Romero intervino en nombre del grupo andalucista y ha señalado que esta reforma local es necesaria en principios generales como “el respeto a la autonomía local, la transparencia en la gestión pública y gobiernos abiertos, además de un mayor control para evitar casos de corrupción, además de que se consiga una mayor participación ciudadana. Lo lógico es que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias convoque una asamblea extraordinaria se debata esta propuesta y todos los municipios vayan con una única voz”, concluyó.

La propuesta del PSOE fue rechazada con los votos a favor del PP y la abstención del PA.