El pleno del Ayuntamiento, presidido por la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, aprobó ayer por unanimidad solicitar a la Mancomunidad de Municipios que convoque el Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar (CES). Una propuesta presentada por los representantes socialistas que ha obtenido los votos favorables de todos los grupos políticos de la Corporación municipal.

Daniel Perea, portavoz del PSOE, advirtió en su intervención que en la actualidad se están viviendo en la zona campogibraltareña situaciones excepcionales que requieren la atención de este órgano consultivo, dependiente de la institución comarcal, como las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar relacionadas con el Brexit, el conflicto laboral de Acerinox o las futuras inversiones para facilitar la transición hacia un modelo productivo de la industria más limpio y sostenible, entre otras.

El CES está integrado por sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, alcaldes de los ocho municipios campogibraltareños y representantes de las administraciones central y autonómica, así como la Diputación provincial y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y tiene como fines analizar la evolución económica y social del Campo de Gibraltar y formular iniciativas que contribuyan a paliar los problemas más acuciantes.

Tanto Los Barrios 100×100 como PP, Movimiento Barreño y Vox se adhirieron a la petición y expresaron, una vez más, su solidaridad con los trabajadores de la acería, así como su deseo de que se llegue a un acuerdo satisfactorio con la empresa cuanto antes para que se ponga fin a una huelga que dura ya más de cuatro meses.

Durante la sesión también se debatió una moción de Vox contra el fenómeno de la inmigración en la que se planteaba, entre otras cosas, la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que accedan de forma ilegal a España. Iniciativa que fue rechazada e incluso afeada por el resto de los grupos políticos.

Además, la representante de Vox, Celia Fuentes, defendió otra moción sobre el supuesto “adoctrinamiento en las aulas”, al que, según este grupo político, están sometido los menores, y sobre el derecho de los padres a dirigir y supervisar la educación de sus hijos, que tampoco fue apoyada por el pleno, dado que el resto de partidos se pronunció en contra.

En el apartado de control y fiscalización de la gestión municipal, el grupo socialista se interesó por los supuestos incumplimientos del actual equipo de gobierno en materia laboral que afectan a los trabajadores de la plantilla del Consistorio y que denuncian los sindicatos, referidos a temas como la equiparación salarial, la promoción interna, la carrera profesional horizontal, la cuestión de la disponibilidad y la falta de ofertas de empleo público. Incumplimientos que fueron negados tajantemente por la primera teniente de alcalde, quien explicó que el equipo de gobierno continúa trabajando, con arreglo a la legalidad, en la solución de todos ellos, sin que haya ninguna merma en la prestación de los servicios públicos, y que las protestas sindicales no están justificadas.

Dentro de este mismo apartado, el grupo de Movimiento Barreño, por su parte, se interesó por la ejecución del contrato para la revisión y estructuración de la actual Relación de Puestos de Trabajos que regula y organiza las labores y funciones de los empleados del Ayuntamiento. En esta línea, Antonio Emilio González, portavoz de la formación gualdiverde, preguntó por los plazos y el cumplimiento del citado contrato, el desarrollo de las distintas fases del mismo, las alegaciones sindicales planteadas y los pagos que se han efectuado a la empresa a la que se le encargó la revisión y reestructuración de la nueva RPT.

En cuanto a este asunto, Lobato aclaró que el proceso de elaboración del documento, aunque con retraso, continúa en marcha y que dicho retraso se ha debido a que en su momento se decidió dar prioridad al proceso de estabilización de la actual plantilla, con el beneplácito de los sindicatos. 

Por último, la edil de Vox interpeló al gobierno municipal por la regulación de uso y ocupación de los locales de la barriada Nuestra Señora de Fátima (2ª fase), cuestionando la cesión de un espacio público en esta zona a la Asociación ‘Roja Directa LGTBI+ Andalucía’ del Campo del Gibraltar desde febrero de 2021 y reclamando tanto información como documentación sobre dicha cesión a este colectivo.

Sobre este particular, la primera teniente de alcalde respondió que el convenio de cesión existe y está publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento, con una vigencia de un año y prorrogable otros cuatro años más, hasta 2025. También recordó que estos locales pertenecen a la administración autonómica a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, pero es el Ayuntamiento el que los gestiona y decide sobre su uso

Antes del inicio de esta sesión, la Corporación, como es habitual, guardó un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial para mostrar su rechazo contra la violencia de género.